Los compradores tendrán derecho a que se les devuelva el dinero por parte del Ayuntamiento y los usuarios el IBI indebidamente cobrado.
Nuevo revés judicial a la gestión arbitraria del gobierno del Partido Popular en Fuengirola. En este caso, procedente de la desafectación de los aparcamientos situados bajo el campo de fútbol SUEL. 
El Portavoz del PSOE de Fuengirola y candidato a la alcaldía de la ciudad, Javier García León, ha comunicado a la opinión pública que desde el año 2010 venían denunciando tanto en el ámbito político como en el judicial, el perjuicio que se estaba causando a la ciudad por la arbitrariedad de la entonces Concejala de Urbanismo y hoy alcaldesa Ana Mula.
ANTECEDENTES
Fue en el año 2010 cuando el equipo de Gobierno cambió la calificación del parking, a fin de facilitar la venta de plazas, beneficiando a la empresa concesionaria . De este modo, se perdonaba a la empresa ORECO SA más de 700.000€ que debía pagar de canon restante por la concesión durante 50 años. Este hecho fue denunciado por García León, ya que este trámite no contaba con un informe de gestión necesario para tal hecho y se trataba de la misma empresa que es titular del 33% de los convenios urbanísticos del PGOU de la ciudad.
El concesionario por vía notarial y solo dos días antes del acuerdo plenario de la desafectación del bien por el que estaba sujeto y obligado a unas cargas económicas, renuncia a continuar con la gestión del aparcamiento al que estaba vinculado por contrato administrativo con el visto bueno y «cómplice» del Equipo de Gobierno del PP.
El Partido Popular (escudándose en su mayoría absoluta) inició una campaña para promocionar la compra de plazas de aparcamiento, ocultando el beneficio económico para ORECO y la liquidez inmediata por la venta de plazas.
Ya en 2014, un informe de la intervención municipal dio la razón a los socialistas, que solicitaron además una investigación por parte de la fiscalía anticorrupción, entendiendo que se ha producido un «enriquecimiento injusto y sin causa de ORECO S.A», en palabras del propio interventor del informe.
Este informe añadía además que «El concesionario ha percibido la totalidad de los ingresos que habría percibido por todo el periodo concesional (50 años) y, en cambio, no ha satisfecho más que parte de los gastos que debía soportar (entre los que se encontraba el canon concesional) durante idéntico periodo”.
Tras estos antecedentes, la justicia ha declarado nula esta desafectación, que no es más que la transformación de un bien público a patrimonial, lo que facilita su venta. Así, el aparcamiento SUEL volverá a ser un bien público, blindado para cualquier tipo de transacción que quiera hacerse con él desde el Consistorio. Además, los compradores de plazas de aparcamiento podrán solicitar la devolución del dinero invertido en la compra, así como del IBI a los usuarios (ya que el Ayuntamiento siguió cobrándolo a aquellos que no adquirieron la plaza).
De este modo, será necesario provisionar de fondos, por parte de la intervención municipal, para devolver las cantidades que por compra se han realizado, así como la devolución del pago de IBI y canon a los usuarios que se ha exigido de forma irregular.
Para finalizar, Javier García León ha señalado que «En este nuevo tiempo toca abandonar la política de la prepotencia, la arbitrariedad y el enchufismo y abrazar la legalidad y la igualdad de oportunidades».
PSOE Fuengirola 